Empresas BIC: un avance hacia la consolidación de emprendimientos con propósito en Argentina

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Empresas BIC: un avance hacia la consolidación de emprendimientos con propósito en Argentina

El pasado 6 de diciembre de 2018 el Congreso Diputados de la Nación dio media sanción a la ley de empresas de Beneficios e Interés Colectivo (BIC). Esta ley busca dar un marco normativo a las empresas con propósito, con el objetivo de incentivar un nuevo paradigma de hacer negocios con foco en el impacto social y ambiental.

Con el objetivo de analizar las implicancias de esta normativa para las empresas de nuestro país, se resume a continuación sus objetivos, las obligaciones y beneficios que trae la ley y los casos de leyes similares a nivel internacional, de cara a su tratamiento en la Cámara de Senadores durante el presente año.

Objetivos de la ley y actores beneficiados

El espíritu de la ley radica en la identificación y reconocimiento legal de las sociedades argentinas que busquen alcanzar resultados sociales y ambientales mediante su modelo de negocio, con el propósito de generar futuras medidas que busquen dinamizar su impulso. En este sentido, la ley no define beneficios impositivos ni otorga un tratamiento preferencial por sobre las sociedades tradicionales, sino que se establece como un primer paso para implementar futuras medidas desde el Estado, que incentiven su creación y desarrollo (por ejemplo programas de compras públicas preferenciales, facilidades de acceso al crédito, entre otros).

Entre los actores de la economía argentina beneficiados se puede contar no sólo a los emprendedores, las emprendedoras y las sociedades que busquen desarrollar un modelo de negocio sustentable e inclusivo, sino que también posee implicancias en los inversores e inversoras que quieran redireccionar sus fondos hacia negocios que generen un impacto positivo en la sociedad en que se insertan.

De igual manera, los consumidores y consumidoras podrán contar en el futuro con una oferta más amplia de productos y servicios de empresas argentinas comprometidas. Por su parte, el proyecto de ley establece que los trabajadores y trabajadoras de estas sociedades deberán ser tenidos en cuenta a la hora de la toma de decisiones, por lo que se incentiva una administración de empresas con menor sentido verticalista y mayor democracia.

Alcances legales: tipo societario y obligaciones

Un punto importante a destacar radica en que la ley no crea un tipo societario nuevo: el propósito de la ley es que una actual S.A. o S.R.L. pueda pasar a ser una S.A. B.I.C. o S.R.L. BIC. Es decir, no modifica la ley actual de Sociedades Comerciales (N° 19.550), sino que crea régimen jurídico aplicable a cualquier tipo de sociedad (actual o futura).

Pero más allá de los aspectos legales, ¿cuáles son las obligaciones puntuales que impondrá el Estado para que una sociedad pueda ser reconocida como BIC? En particular existen dos condiciones principales:

  • La sociedad que quiera ser reconocida como BIC deberá incorporar a su estatuto/contrato el impacto social, ambiental, positivo y verificable que se obligan a generar.
  • La sociedad deberá confeccionar un reporte anual mediante el cual acrediten las acciones llevadas a cabo tendientes al cumplimiento del impacto positivo social y ambiental, previsto en su estatuto

El texto de la ley establece además que el reporte anual confeccionado por las sociedades argentinas reconocidas como BIC deberá ser auditado por un profesional independiente matriculado (especializado en los ámbitos en los que se pretende lograr impacto positivo social y ambiental) y ser de acceso público.

Esto resulta relevante para las actividades que realizamos en ZIGLA, dado que en la actualidad nos encontramos apoyando a diversas empresas de triple impacto de Latinoamérica como Njambre (Argentina) y New Ventures (México), mediante la creación y desarrollo de sistemas de Monitoreo y Evaluación (M&E) que permiten medir el impacto de sus acciones. Esta experiencia nos permite identificar la importancia de contar con un seguimiento periódico y con rigurosidad metodológica de los avances conseguidos por las empresas de la Nueva Economía.

Leyes similares a nivel internacional

En la actualidad, sólo tres países cuentan con una normativa similar de reconocimiento de empresas con propósito. De esta manera, de ser aprobada la ley en Argentina, se convertiría en un país de avanzada en el desarrollo y acompañamiento de sociedades con triple impacto.

En América Latina, Colombia ha aprobado en 2018 la ley 1901 que busca la creación y desarrollo de Sociedades de Beneficio Colectivo. El texto de la ley, que resulta muy similar al proyecto en tratamiento en nuestro país, estipula la definición y obligaciones propias de las sociedades BIC de ese país.

Además de contar en forma similar al proyecto argentino con la obligación de reportar sus avances y modificar su estatuto, estipula además condiciones específicas para estas sociedades en el relacionamiento de los administradores de la sociedad y los trabajadores. En particular, define estándares de equidad en la remuneración, el desarrollo de capacitaciones y habilidades mediante subsidios, el incentivo a la participación de los trabajadores mediante la participación de acciones e incentiva la contratación de personas en situación de vulnerabilidad, entre otros puntos.

Asimismo, en el plano ambiental establece que una sociedad BIC debe medir sus emisiones de gas de efecto invernadero, promover sistemas energéticos eficientes para sus actividades y auditan los procesos de reconversión energética mediante especialistas en energías limpias. Si bien la implementación de la ley y sus pormenores puede hacer variar los distintos alcances de estas definiciones, resulta un paso importante en definir los alcances y atributos de las empresas de la Nueva Economía.

Por su parte, Italia cuenta con la ley Società Benefit aprobada en 2015, que la ha convertido en la primera nación europea en contar con una normativa al respecto. Entre los puntos destacados de esta normativa, se destaca la necesidad de las sociedades BIC italianas de identificar una o más personas como responsables internas de administración del impacto, con el objetivo de dar seguimiento y reportar sobre los avances de la empresa en sus resultados sociales y ambientales. Además, la ley italiana confía a la Autoridad de Competencia Nacional el control y seguimiento de los objetivos de estas sociedades con propósito, y les permite multar a aquellas que no cumplan con los objetivos definidos en su estatuto.

Por último, cabe destacar que el país pionero en el reconocimiento de las sociedades con propósito es Estados Unidos, donde al momento existen 34 estados que brindan un marco legal para este tipo de empresas.

La medición rigurosa como componente clave de la implementación de estas normativas

En ZIGLA creemos que las normativas que fomentan la creación y desarrollo de empresas con fines sociales y ambientales resultan importantes para avanzar hacia un nuevo paradigma de hacer negocios. Confiamos en que el seguimiento y publicación en forma transparente de los resultados de estas empresas, mediante el empleo de sistemas que permiten monitorear y evaluar las acciones emprendidas, es un paso clave para que los/las empresarios/as, inversores/as, trabajadores/as y consumidores/as tomen mejores decisiones y se comprometan a aportar su esfuerzo en pos de un cambio integral.

Por lo tanto, la definición de indicadores de seguimiento  y de instancias de evaluación rigurosas resulta fundamental para la implementación de estas normativas. Desde ZIGLA seguiremos aportando para mejorar la medición de impactos económicos, sociales y ambientales de aquellas empresas que decidan sumarse a este nuevo paradigma de negocios.

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